Crecimiento y competitividad

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Por Roberto Despradel

-DE EL CARIBE, MATUTINO DOMINICANO-

Necesitamos mantener una política económica prudente, que fomente la estabilidad; concentrar esfuerzos en aumentar la institucionalidad del Estado, en interés de reducir la volatilidad y hacernos más predecibles a las inversiones

El Banco Mundial publicó recientemente un voluminoso informe sobre las bases de crecimiento y competitividad en la República Dominicana. Muchas de sus afirmaciones y conclusiones llaman a reflexión, más ahora en momentos en que el país se encuentra en una clara etapa de transición hacia la apertura comercial.

A pesar de haber crecido en los últimos 35 años por encima del promedio latinoamericano, seguimos enfrentando desafíos fundamentales en cuestiones de desarrollo, desde la pobreza endémica hasta las deficiencias en el sector salud, y una gran debilidad de las instituciones gubernamentales y sociales.

Las mejoras en la infraestructura, la apertura al comercio exterior, la educación y la profundidad financiera han estimulado el crecimiento económico, mientras que la elevada carga gubernamental, la débil gobernabilidad y, en menor medida, la inestabilidad macroeconómica y las crisis financieras lo han oprimido.

El BM enfatiza tres vértices que limitan el desempeño de la economía dominicana: la débil institucionalidad, la alta volatilidad, y aumento de la delincuencia.

La falta generalizada de confianza en las instituciones del Gobierno afecta la voluntad de cumplir con las regulaciones y las leyes, lo que, en última instancia, disminuye aún más la eficacia del Gobierno y crea un círculo vicioso permanente.

La mayoría de las empresas dominicanas reportan sólo la mitad de las ventas, no obstante, las empresas más grandes tienen mayores tasas de divulgación.

En adición, los índices de criminalidad en el país registraron un marcado aumento desde la desaceleración económica posterior al año 2000. Según la Encuesta sobre el Clima de Inversión, el 40% de las empresas ha instalado equipos de seguridad, 39% ha contratado personal de seguridad, y 72% ha tomado, al menos, una medida preventiva.

En el 2005, la crisis eléctrica superó los US$1,000 millones, de los cuales US$550 millones correspondieron a subsidios del Gobierno al sector, US$400 millones se utilizaron para instalar y mantener la capacidad de autogeneración del sector comercial y el industrial, y más de US$150 millones para el sector residencial. Recursos mal utilizados que se hubieran podido invertir en modernizar el aparato productivo nacional, y hacer más eficiente la administración pública.

En conclusión, necesitamos mantener una política económica prudente, que fomente la estabilidad; concentrar esfuerzos en aumentar la institucionalidad del Estado, con el objetivo de reducir la volatilidad y hacernos más predecibles para las inversiones, para poder crecer de manera sostenida y alcanzar una mejor distribución del ingreso y con esto reducir la criminalidad.

Roberto Despradel es economista

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