El economista Luis Álvarez Renta cuando presentaba ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional los documentos y hacía su exposición de defensa.<>
El consultor empresarial Luis Álvarez Renta mostró en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional documentos de retiro de dinero en efectivo que recibía como pago por sus servicios el actual gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu a través de su empresa HVA.
Cada uno de estos pagos fueron por US$15,000 que se le emitían mensualmente en su calidad de asesor del Banco Intercontinental (Baninter). El último de estos pagos se le hizo el 7 de marzo del 2003, días antes del colapso del Baninter.
Álvarez Renta dijo que Valdez Albizu salió del Banco Central en el 2000 y paso a ser asesor directo de Ramón Báez Figueroa a quien incluso en una de sus últimas consultas planteó sugerencias de lo que debía hacer en Baninter ante los rumores puestos a circular contra esa institución.
“El asesor de Báez Figueroa era Héctor Valdez Albizu , querellante en este proceso , y no yo que estoy en el banquillo de los acusados”, expresó Álvarez Renta a los jueces exhibiendo recibos de pagos en efectivo retirados por un hermano del actual gobernador del Banco Central.
Insistió en que Valdez Albizu aconsejaba a Báez Figueroa en los meses previos al colapso de Baninter de lo que tenía que hacer para enfrentar la crisis que se venía venir en el sistema bancario.
La crisis bancaria
El economista respondió todas preguntas hechas por el ministerio público y del licenciado Vinicio Castillo Semán, de la barra de la defensa de Báez Figueroa, revelando que sostuvo una reunión con el ex presidente Hipólito Mejía a finales del 2002 ante el deterioro de la banca nacional producto del alza en la prima del dólar, en la que se habló de la necesidad de realizar fusiones entre los bancos más importantes del país.
“Después de reunirme con Hipólito Mejía fui contratado por el Banco del Progreso para llevar a cabo la fusión con el Baninter”, dijo. Y a pregunta del licenciado Castillo Semán confirmó que el contrato de fusión del Baninter con el Banco del Progreso y su anexo único consignaba el tamaño real de los activos y pasivos del Banco Intercontinental, los que fueron enviados por las partes a las autoridades, con lo que se desmiente el supuesto descubrimiento de un “banco oculto o paralelo” producto de una investigación.
Las autoridades conocieron sin objeción el contrato de fusión con el tamaño real del Banco y eso fue publicado en todos los periódicos nacionales, explicó Álvarez Renta, al confirmar una pregunta de Castillo Semán.
Asimismo, reveló que el monto de las facilidades o créditos otorgadas monetarias al Baninter al último día de la administración de Báez Figueroa ascendía a poco más de RD$5,000 millones.
Respondiendo a pregunta de Castillo Semán dijo que fue en los días de la administración del Banco del Progreso cuando esas facilidades se incrementaron por el orden de los RD$8,000 millones adicionales producto de retiros causados por rumores que afectaron al Baninter.
Álvarez Renta defendió la corrección de los pagos hechos en el interregno de la fusión y de los cuáles ha sido acusado conjuntamente con Báez Figueroa. Explicó que la mayoría de esos pagos se hicieron en los días de la administración del Banco del Progreso con la autorización de Pedro Castillo y del gobernador José Lois Malkun, quien autorizó la certificación de los cheques emitidos.
Álvarez Renta explicó que la prueba mayor de que en esos pagos no hay crimen ni delito es que no solo fueron autorizados por las autoridades y por Castillo, del Banco del Progreso, sino que terminaron siendo pagados por el Baninter ya intervenido por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
Álvarez Renta, al responder preguntas de la defensa de Báez Figueroa, confirmó que la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, (catalogada por la acusación como lavado de activos) figuraba en las negociaciones del proceso de fusión entre los activos que pasarían a manos del Banco del Progreso, de todo lo cual las autoridades tenían pleno conocimiento.
Asimismo, el asesor económico del Grupo Progreso en el proceso de fusión explicó que el grupo adquiriente pagaría parte del precio del Baninter en base a asumir deudas de empresas de Ramón Báez Figueroa en esta institución, como fue el caso de la Bankinvest, Listín Diario y otras que la acusación ha sostenido que fueron previamente borradas de las cuentas del Baninter y de las cuales la defensa de Marcos Báez Cocco que fueron reclasificadas para el proceso de fusión.
Protesta con pagos a Andy
El licenciado Álvarez Renta fue interrumpido abruptamente por los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos cuando presentó en “power point” en el tribunal un cheque de US$150,000 pagado por Baninter en favor de la Fundación Economía y Desarrollo del economista Andrés (Andy) Dauhajre hijo, a través de la cuenta Alta Financial que ha sido catalogada por la acusación como utilizada en lavados de activos.
“Magistrados, eso no se puede permitir”, exclamaron en todo airado los abogados del Banco Central y la Superintencia de Bancos, casi al unísono, impidiendo de esta manera que Álvarez Renta pudiera explicar este pago hecho en febrero del 2003, meses antes del colapso del Baninter.
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