La de Leonel; una austeridad concupiscente

En tiempos en que desde diferentes ámbitos se proclama la austeridad como una necesidad impostergable en la actual coyuntura económica nacional, los diputados y senadores mantienen sus partidas presupuestarias sin recortes, mientras otros sectores fundamentales como la salud pública y la educación han visto reducidas sus respectivas asignaciones

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En el año 2007 el Congreso Nacional tendrá una asignación de RD$3,454,447,058, distribuidos en dos mil 536 millones 936 mil pesos para la Cámara de Diputados, que se le concedió unos 300 millones más de lo asignado inicialmente en el Presupuesto, en momentos en que se habla de austeridad y se aplican recortes a las partidas de importantes instituciones.

Mientras, el Senado permanecerá con el mismo presupuesto con el que se manejó en 2006, que fue 917 millones 510 mil pesos.

Esta situación ha provocado que algunos sectores hayan mostrado su inconformidad y haya levantado opiniones contrarias y de apoyo en miembros de la sociedad civil y los partidos políticos.

Para Paulo Herrera Maluff, del movimiento Participación Ciudadana, este “no es el momento más oportuno para que los honorables diputados estén hablando de salarios”.

“Pienso que ellos deberían poner un ejemplo en el que promete que será un año muy difícil económicamente para el país. Deberían apretarse el cinturón en vez de cargar más al erario con más salarios”, dijo.

Maluff respaldó, en cambio, que los senadores hayan permanecido con la misma partida que en el 2006. “Estamos hablando de una cantidad enorme, que se quede igual. Yo apoyo a los senadores”.

Mientras, monseñor Agripino Núñez prefiere no opinar sobre un presupuesto aún en discusión.

Víctor Gómez Casanova, secretario general del Partido Reformista, explica que hay una ley administrativa que establece ese incremento. “Eso es automático, porque en esa ley se establece la independencia del presupuesto del poder Legislativo”, expone.

Para Orlando Jorge Mera, secretario del Partido Revolucionario Dominicano, el Congreso, que está controlado en su mayoría por el PLD, tiene que cumplir su papel de guardián de las leyes de nuestro país.

Calificó de lamentable lo sucedido -en los ajustes del presupuesto- a leyes como la de autonomía del Poder Judicial, la electoral, la de la Cámara de Cuentas, la de Salud y la de Educación.

Tony Raful, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, consideró que “cualquier ajuste o petición de carácter económico con relación al presupuesto de instituciones, en el caso específico del Congreso, de la Cámara de Diputados, tiene que ver con un Gobierno que no tiene un sentido ajustado a las necesidades reales de los gastos”.

Criticó Raful que secretarías como Salud Pública y Educación hayan visto reducidas sus asignaciones para beneficiar la construcción del metro.

“El Congreso, sin que yo me convierta en un abogado del Diablo, no puede tener actitudes diferentes, sobre todo si forma parte de esa estructura de los poderes del Estado y si al mismo tiempo no hay ejemplos”, sentenció.

Servio Tulio Castaños, de Finjus, manifiesta: “En cuanto al Congreso no sé si ajustaría lo que ellos están solicitando a lo que parecería ser una línea de estado. A mí lo que me llama la atención es que las leyes que crean autonomía presupuestaria no están sirviendo para nada, porque año tras años se violentan”.

Reparto de las partidas

Los legisladores habían proyectado una inversión o gasto, en base a la partida originalmente solicitada, de 76 millones para publicidad y propaganda.

La cifra es similar a lo que prevén gastarían en servicios básicos como agua, electricidad, basura y transporte. Mientras que al Senado se le aprobó el pasado jueves 917 millones 510 mil 465 pesos, igual que el año pasado.

De esa suma, cerca de 547 millones serían destinados a servicios personales: sueldos, compensación por horas extraordinarias, sobresueldos, honorarios, gastos de representación, dietas y gratificaciones y bonificaciones.

Para poner un ejemplo en contraste: al personal nominal se le asignó un millón 800 mil pesos, lo que representa alrededor de un diez por ciento de lo que se dedicará a las dietas: unos 18 millones 569 mil pesos.

Para Tony Raful, “el paradigma gobernante es muy importante para uno evaluar los comportamientos a nivel institucional del estado que ha hecho de la ausencia del uso prioritario lo que debe ser su característica fundamental de trabajo”.


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