Edwin Ruiz/Clave Digital
SANTO DOMINGO. “Hemos recibido fuertes garantías de que todas y cada una de las obligaciones del Gobierno serían pagadas”, informa Franco Uccelli, analista del banco de inversión Bear Stearns. Uccelli se refiere a los 19 pagarés emitidos por el Estado dominicano en los mercados internacionales de capitales a favor de Sun Land, operación realizada bajo un contrato firmado con esta empresa privada por un monto de US$130 millones, hace más de 20 meses.
Tras visitar el país, el analista tiene la percepción de que los riesgos asociados al contrato con Sun Land “parecen estar disminuyendo”, a pesar de que esa deuda fue contraída por el gobierno de Leonel Fernández sin la aprobación del Congreso Nacional y de que en la Suprema de Corte de Justicia (SCJ) se encuentra un recurso pendiente de fallo, que fue sometido por el Partido Revolucionario Dominicana para que la emisión de esos títulos sea declarado inconstitucional.
De hecho, para Bear Stearns, el recurso sometido a la SCJ era una fuente de preocupación por lo menos hasta hace un par de semanas atrás.
El 11 de enero pasado, Uccelli emitió un informe en que consideró como factor de preocupación para los mercados internacionales de capitales la posibilidad de que el Tribunal Supremo del país declarara como inconstitucional las 19 notas promisorias por un monto de 130 millones de dólares, lo que calificó como riesgo financiero para los tenedores de esos bonos, que tendrían que enfrentar un incumplimiento de pago por parte del Estado dominicano, impuesto por la SCJ.
“La legalidad de un número de notas promisorias emitidas por el Gobierno para financiar los proyectos de las obras públicas (inicialmente eran 11 y luego se redujeron a cinco obras) manejados por Sun Land Corporation se está considerando. Un juicio negativo contra el gobierno es posible”, señaló Franco Uccelli, en su informe.
Interesado por este posible escenario, el analista de Bear Stearns visitó República Dominicana en la semana pasada, y en un par de días que estuvo presente se reunió con funcionarios del Gobierno y del Banco Central, con el representante del Fondo Monetario Internacional, con analistas económicos independientes y con representantes del sector privado.
De esas reuniones concluyó que en lo que tiene que ver con los pagarés de Sund Land, las aguas se están tranquilizando, y entre las razones menciona que la administración de Leonel Fernández “parece haber encontrado una forma creativa de resolver la situación”, lo que implica “que los pagarés emitidos por el Gobierno serán pagados”.
Esa “forma creativa” no fue explicada por Uccelli, pero se sabe que el 7 diciembre, el Gobierno anunció que “rescindía” el contrato con Sun Land, al dejar sin efecto la construcción de las cinco obras por parte de la empresa privada. “Ha sido rescindido y por consiguiente dejado sin efecto", declaró entonces, en un comunicado de la Dirección de Información del Gobierno.
Sin embargo, de los 19 pagarés emitidos, de cuyos recursos (los US$130 millones) se acusa a Sund Land de usufructuarlos gratuitamente durante 19 meses a costa del Estado y con el beneplácito del Gobierno, el pago de cinco de ellos, vencidos entre junio y diciembre de 2007, fueron asumidos por el Estado, por un total de US$31,982,864, mientras que Sund Land declaró haber saldado otros cinco por un monto de US$35,097,261, además de comprometerse al pago de seis más, por un moto de US$41,052.530 dólares, a su vencimiento entre enero y julio de 2008.
Uccelli también se refirió a la posposición, por parte del Directorio del FMI, del conocimiento de la octava y última revisión del acuerdo Stand By para el 30 de enero.
Ésta debió ser conocida el 20 de enero pasado. En el comunicado del 13 de noviembre, divulgado por el Fondo tras la última visita de su misión, por primera vez este organismo multilateral mencionó el caso de Sun Land, sobre el cual había recabado muchas informaciones que estaban siendo analizadas.
También, el analista de Bear Stearns destaca que las autoridades dominicanas insisten en que la firma de otro acuerdo con el Fondo sigue siendo una decisión presidencial, lo que significa que la perspectiva de un nuevo acuerdo “son todavía inciertas”.
Pero agrega que “lo que parece claro” es que de negociarse ese nuevo acuerdo, “probablemente no se materializará hasta después de las elecciones del 16 de mayo”, y sustenta esa opinión en dos razones: primero, en que al Gobierno de Leonel Fernández no le conviene someterse a las restricciones fiscales que impondría un programa de vigilancia con el Fondo Monetaria Internacional, “en un momento en que se esfuerza en garantizar el triunfo de su reelección”; y segundo, en que el FMI esperará hasta después de las elecciones como forma de que con la reelección de Leonel Fernández se garantice la ejecución del nuevo programa.
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