Por Edwin Croes Hernández
Enviado por Modesto Reynoso
Subsecretario de Relaciones internacionales del PRD
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El Secretario de Hacienda ha demostrado no entender algunos conceptos esenciales de la interrelación entre finanzas públicas y privadas contemporáneas, al declarar que un “aval no se puede convertir en efectivo para dárselo a nadie, porque sencillamente es la garantía del Gobierno”. La distancia entre dinero efectivo y este tipo de aval, habrá que recordarle al economista Secretario Vicente Bengoa, es una distancia microscópica y casi irrelevante en términos de las finanzas internacionales. Se refería el Secretario Bengoa a un aval estatal para que CDEEE gestione la apertura de una carta de crédito “revolvente” por un valor facial de 30 millones de dólares, pero que su carácter “revolvente” la convierte en un potencial de 810 millones de dólares (27 veces 30 millones de dólares).
Además, esta carta de crédito será para garantizar un contrato de compra-venta de energía en beneficio de la empresa que construirá y operará la planta de carbón en Pepillo Salcedo con unos 800 millones de dólares que le prestarán los bancos internacionales, “sencillamente” por contar con esta “garantía del gobierno”. Es decir, el gobierno esta garantizando, o dando su aval, por el monto total de la inversión.
Con menos que un aval gubernamental refrendado por el congreso, se han hecho casi todas las inversiones en el sector eléctrico dominicano. Exceptuando el dantesco caso de Cogentrix, ninguna inversión extranjera ha contado con este tipo de aval. Smith and Enron, por ejemplo, no cuenta ni con un decreto presidencial directo y sabemos hasta donde ha llegado desde hace mas de diez años. Estos contratos solo cuentan con la firma del administrador general de la CDE, ahora vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, a veces autorizada por el presidente, mas no por el congreso.
El Secretario de Hacienda no ha entendido la importancia de la reforma del Estado en materia de civilizar y adecentar las finanzas públicas. Las travesuras que antes se podían hacer, como permitir que instituciones estatales des-centralizadas y autónomas como la CDEEE asuman deudas internacionales que involucran al Estado Dominicano sin que sean avaladas por el congreso de la republica.
¿De que otra forma puede hacerse sentir la ciudadanía si no es a través del congreso cuando, finalmente, llegan las mega-fantasías de los funcionarios públicos? ¿De que otra forma poner obstáculos a licitaciones de pobre calidad y transparencia cuyos resultados comprometen a la republica y sus ciudadanos en temas tan importantes como la electricidad?
Con toda razón, dice el Secretario Bengoa que "Hacienda solamente ha solicitado que se apruebe otorgar un aval, una garantía del pago de la compra de energía que será suplida a la CDEEE… ellos pidieron un aval, y dice que si se reutiliza para otra cosa es nula, porque nada más es para eso, la construcción de las plantas". El problema es precisamente ese. Es un aval que permitirá construir la planta de generación eléctrica que será el doble más grande que la más grande que existe ahora en el país.
¿Sabe el Secretario Bengoa de las barbaridades que están escondidas detrás del contrato entre la CDEEE y Sichuan Equipment & Machinery, Import & Export, LTD., Co.? ¿Sabe él, que con ese contrato no se reducirá la tarifa a los consumidores? ¿Sabe él, que los consultores de “Mercados Energéticos” han dicho que ese contrato solo tendría sentido si las perdidas de las distribuidoras se reducen de 48%, en que están hoy, a un imposible 15%?
Moviéndonos más hacia su esfera de responsabilidad, ¿se ha preguntado el Secretario Bengoa acerca de las consecuencias financieras de este contrato que “sencillamente” requiere del aval del gobierno?
No me refiero exclusivamente al hecho de que un aval congresual a esa carta de crédito “revolvente” significa una exposición de riesgo financiero potencial de hasta 810 millones de dólares (quizás el mayor riesgo fiduciario a que se haya expuesto la Republica en el sector eléctrico). Y se debe estar de acuerdo con que las posibilidades de que la CDEEE falle en alguna de las cláusulas contractuales es altamente probable (véase gráfica).
A este riesgo se adiciona otro que puede ser mucho mas costoso aun, se trata del riesgo de atraer demandas internacionales graves y costosas por parte de los inversionistas en el sector eléctrico, donde la mayor cantidad de capital extranjero ha sido invertido en el país.
Me explico. De realizarse, este proyecto, se convertiría en un acto flagrante de competencia desleal claramente tipificado en el tratado DR-CAFTA, así como en todas las leyes de competencia (y hasta en el proyecto de ley de competencia que cursa en el congreso, precisamente como parte de las reformas internas necesarias debido al DR-CAFTA). Se trata de quebrantar el estatus de “nación mas favorecida” en materia de inversiones extranjeras. Más aun, es que va contra la letra y el espíritu de casi todos los tratados de promoción y protección reciproca de inversiones que ha firmado Republica Dominicana con otros países. Esto se llama competencia desleal.
Para muestra, el Secretario Bengoa, debería estudiar el texto y argumentación de las demandas de TCW-Societe Generale contra el Estado, la CDEEE, la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía por un monto máximo de 680 millones de dólares. La acusación principal es: discriminación y privilegios a otras empresas que han puesto a la empresa Edeeste en desventaja.
Es deseable que este simple aval de la Secretaria de Hacienda sea re-considerado y retirado del Congreso, ya que no es posible que el Secretario Bengoa quiera ser parte protagonista de lo que se nos viene encima con ese aval. Todas las dificultades que se puedan imaginar con el proyecto del Metro le van a quedar chiquitas.
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